Se “escurre entre las manos”, una profesión de aquellas con más arquetipo social: la del abogado litigante. De la gloriosa imagen que se tenía de él en otros tiempos, ya no va quedando nada. “Justicia retardada, no es justicia”. El artículo 17 de la Carta Magna: “por los suelos”.
La profesión del abogado, cada vez se hace menos rentable. El sistema judicial va arrastrando a la ruina a esta actividad, al hacerla incosteable. Es cierto, que las condiciones en que trabajan los Juzgados son muy precarias, pero estamos hablando de una de los servicios y quehaceres más importantes de todo Estado: el de la impartición de Justicia, el de acuñar el monopolio de la violencia; de la fuerza física, que evita que todos nos hagamos daño al hacer valer, lo que cada uno creemos como nuestro derecho; el que evita el caos y nos contiene individual y socialmente, y que por consiguiente, debería ser mucho más ágil y eficaz.
Es muy lento cómo progresan los asuntos en un Juzgado, y en cada acuerdo que se lee luego de ser respondida una petición, se va el alma pensando que el Tribunal no haya cometido un error de forma o resuelva algo descabellado. Con cada solicitud se debe esperar demasiado; el abogado no puede cobrar a sus clientes; debe tener una cartera considerable para sobrevivir entre respuesta y respuesta a cada cosa que va tramitando. Sus honorarios deben elevarse para hacer costeable lo incosteable; sin embargo, no puede hacerlo demasiado, porque entonces, se vuelve impagable para el cliente. Resulta, bajo este modelo, muy difícil programar el inicio y el fin de un juicio, cuando no es posible calcular el número de revocaciones, apelaciones y/o amparos, que se tendrán que interponer para transitar por lo que debería ser un procedimiento más o menos llano. Lamentablemente muchas veces la mayor batalla no se libra con la contraparte, sino con el propio Juzgado, desde el mínimo trámite, hasta resoluciones de mayor importancia.
Los clientes del abogado, son los verdaderos “pacientes”, no los que van a un médico, pero el sistema de impartición de justicia que vivimos, logra desesperar a cualquier cuando las etapas del juicio, no llegan conforme a los cálculos del abogado. Éste, debe hacer un balance para cobrar, entre lo que tardará en finiquitarse el asunto, y la seguridad de un resultado, lo que cada vez se vuelve más complicado. Verse obligado a apelar, “es la muerte”; una revocación: pocas veces progresa, porque ¿cómo el Juzgado va a cambiar su criterio? ¡Para eso está la segunda instancia!, a la cual los Juzgados, como primera instancia, acuden regularmente como un descanso y como justificación a aquellas resoluciones que emiten de manera aventurada, “al vapor”.
El abogado debe lidiar con su cliente para que pague y que lo haga puntual; con las llamadas constantes que éste o sus familiares le hacen; con la repetición de explicaciones con cada duda que le embate; con que haya apego a la estrategia; con sus cambios de opinión. Pero también debe lidiar con un Juzgado: con funcionarios de mal humor, saturados, rebasados de trabajo y de presión; con resoluciones incongruentes, desfasadas; con libretas que nunca están en su lugar; con organizaciones internas en pares o en nones; con horarios internos impuestos de préstamo de expedientes; con diligencias canceladas; audiencias mal desahogadas; notificaciones no hechas; con listas de archivo muerto incompletas, rotas o a veces inexistentes; con envíos de expedientes a Agente Social, a Procuraduría de Menores y a Supremo Tribunal; con que el secretario y el notificador deban desocupar sus libretas; y ahora, con un estacionamiento costoso y una ciudad judicial lejana casi a todo.
Las opciones son compartir asuntos; refugiarse en una nómina; o ayudarse de un negocio ajeno al ramo.
El abogado estepario, solitario, se extingue. El litigio no deja…es dejar la suerte a un sistema de justicia colapsado en casi todos los aspectos; involucionado; hiper-burocratizado y arcaico. El abogado ahora es un artista: apasionado, pero precario; un virtuoso de la tenacidad; un sobreviviente.