Partimos afirmando que la Ley es un pacto social y el derecho, una convención necesaria para regular la convivencia entre seres humanos, que de manera lúdica, dentro de la espiral evolutiva de sí mismo, podríamos observar cómo se va dirigiendo a la regulación del trato entre seres, no solamente humanos, sino universalmente, seres vivos. Vamos hacia los orígenes, regresamos al contacto con el entorno, que solo se va haciendo posible, no sé si decir «lamentablemente», a través de la ley; porque fue y sigue siendo necesario que lo diga la ley, para percibir las cosas civilizadas, ajustadas la razón. Durante mucho tiempo los seres humanos guardamos respeto a la naturaleza: a la flora y a la fauna, un respeto, casi místico, y podríamos decir, sabio. Después, se percibió eso por algunos sectores, como algo pagano e incivilizado; propio de personas no instruidas. Ahora, ese deseo y esa necesidad de restaurar el respeto, es el nuevo derecho, lo moderno, y para ello, contamos con un instrumento tan serio como la Ley, que inviste las ideas y los procederes de seriedad, o al manos, merecedores de reflexión, siendo la garantía de que algo puede ser razonable. Pero esto por ahora, es todavía una dirección. Por el momento, entre los hombres, aun tenemos mucho que arreglar. Apenas nos encontramos en el reconocimiento de nosotros mismos, en nuestra propia anagnórisis. Nos tocamos unos a otros asombrados de nuestras similitudes, reconociéndonos, pues ya hemos visto el daño que causa concentrarnos en nuestras «variaciones» que han sido tomadas por «diferencias». Nos estamos descubriendo e identificando. Hace muy poco que nos enteramos de la «humanidad». Nuestro descubrimiento se llama: «derechos humanos».

Los derechos humanos, son nucleares, porque tocan el núcleo de lo humano. Son derechos diría yo, de «reconocimiento e identidad» para efectivizar los acciones y abstenciones que giran alrededor de la esencia humana, que se finca desde mi percepción, en tres ejes: la dignidad, la igualdad y la libertad. Corresponden por la condición humana, y ésta, no es sujeta a prueba.

La observación de los derechos humanos cobraron relevancia a partir de la revolución francesa fundamentalmente, propulsándose luego a partir de la revolución rusa. México, abonó con su propia revolución que se caracterizó por motivos similares a las otras, en donde uno de sus componentes fue la desigualdad de clases. Por otro lado, también alimentó la necesidad de avistarlos, las luchas raciales; el aperheid en Sudáfrica al que se opuso Mandela; los movimientos racistas en los Estados Unidos de América contra las que resistió M. Luther King; las fricciones internacionales del siglo XX como la guerra fría y la lucha por la llegada a la luna; Vitenam, Irak, Afganistán, el Golfo Pérsico; el acomodo de los sistemas económicos como en la extinta URSS; la revolución cubana liderada por Fidel Castro y Ernesto Guevara, y más reciente, las barbaries que se han conocido por parte de los Estados Unidos, en Guantánamo, Cuba; la revolución cultural en China de Mao Tse Tung; el muro de Berlín en Alemania y las atrocidades de algunas fracciones musulmanas en medio oriente, respecto al trato hacia las mujeres y a sus propios miembros, así como su guerra santa y sus sistemas de justicia basados en el Corán; pero sobre todo, las guerras mundiales, sobremanera, la segunda, con los ideales arios y al antisemitismo, todo lo cual derivó en organizaciones, convenciones, tratados y toda clase de acuerdos para promocionar la paz, el derecho humanitario, regular el derecho de guerra, la soberanía, y muchos más temas, como los derechos humanos, constituyéndose así un andamiaje legal internacional que también es un bagaje cultural que retroalimenta los ámbitos legislativos. Todo, nos ha llevado a verificar el daño que podemos hacernos y lo necesario que es reconocernos y respetarnos, so pena de nuestro aniquilamiento, porque siendo el hombre para él «la medida de toda las cosas», si no nos «reconocemos» en igualdad, libertad y dignidad, no podremos entender las humanidades ni las cosas que son distintas a ellas, no podremos armonizarnos con el entorno, al que también vamos destruyendo.

El derecho en general, puede verse, por una parte, como un conjunto de normas creadas por un grupo de personas para sí mismo. En este sentido, el derecho es una invención (ficción) de reglas moderadoras de criterios y de conductas. Ordenamientos tropicalizadores de conciencias y de comportamientos individuales (del sujeto hacia consigo mismo y con los demás) y sociales (comportamiento de grupo, con sus elementos y con otros grupos).

Pero hay otra perspectiva del derecho. Una que más que una creación, lo postula como un descubrimiento y un reconocimiento. Igualmente entraña un consenso, pero necesariamente más universal y por tanto, menos particularizado al grupo. En este derecho habitan los derechos humanos. Un derecho nuclear, lo más inamovible posible, lo más abarcador; lo más firme (materializable); pero por consiguiente, más difícil de distinguir y de consensar. Los derechos humanos no provienen de la actividad legislativa, porque no son creados en ella, sino que se trata de una serie de derechos que nos debemos todos, como una deuda ingénita, imprescindible no solo para nuestra convivencia, sino para nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. Son un descubrimiento de la inconsciencia y de la conciencia, producto de la interiorización, la heurística humana, derechos que se vislumbran «implosionando», mediante inmanencia; la reminiscencia de la que hablaba Platón, la sabiduría interior que descubre. 

Sobre los derechos humanos, la actividad legislativa solo puede reconocerlos, proclamarlos, publicitarlos y oficializarlos, como si la Ley en ese sentido sirviera más a su propaganda que para validarlos, porque ellos «son», con o sin la ley. Desde un punto de vista judicial, cuando se resuelven en una sentencia, desde mi perspectiva, ni siquiera se deben considerar «declarados» (sentencias declarativas a partir de las cuales, el derecho se torna salvaguardable) menos constituidos (sentencias constitutivas a partir de las cuales, el derecho nace una vez que es proclamado), sino que son tan innatos a los humanos que únicamente se pueden identificar y ordenar proteger, pues decir que su reconocimiento nace a partir de una actividad jurisdiccional, en donde un juez decide si el derecho existe a favor de quién, al igual que en la actividad legislativa, sería tanto como precisar que un legislador o que un juez los crea o los legitima, siendo que, social, natural y jurídicamente, no lo necesitan, porque partimos del hecho de que se encuentran «en» nosotros; de otra manera caeríamos en un pleonasmo, en una tautología, una repetición de algo que aunque verdadero, es innecesario. Es cierto que la actividad Estatal se supone necesaria para hacerlos efectivos, pero quiero ser incisivo en que esa efectividad, no deviene de un reconocimiento de existencia del derecho humano, jurisdiccional o legislativo, sino se trata de un ejercicio (jurisdiccional o legislativo) de «identificación» del mismo, como quien distingue algo que ya está ahí y no como quien por virtud de ese reconocimiento y declaración, lo crea o lo legitima.

Uno de los pilares para la apertura a los derechos humanos lo constituyen las garantías que ofrecen los sistemas jurídicos neo-constitucionales. Ha sido necesario encumbrar la Constitución (control de constitucionalidad y de convencionalidad en el actual sistema jurídico mexicano) por encima de las demás leyes, y tomarla como directriz de las demás legislaciones; concebirla como un ordenamiento lleno de principios y aforismos que es el manantial de las leyes secundarias.

Los sistemas neo-constitucionales permiten direccionar la estructura normativa de un Estado hacia las tendencias internacionales, aperturándolos, colocando las leyes «hacia afuera», haciendo que sus moradores volteen hacia otros sistemas jurídicos, que observen cómo otros seres humanos se regulan, lo que es importante en la medida de advertir, cómo piensan, cómo sienten; porque la ley es, en muchos sentidos, es producto de ese pensar y sentir, un mosaico de kinéticas individuales. Para esto, hay que destacar el rol de la internet, los medios de comunicación y los medios de transporte más rápidos y accesibles, que han sido medulares para agilizar la identidad entre pueblos y con ello, la de los derechos humanos, que son también, un lazo de unión (legislativo-jurídico y cultural) que ha permitido agrietar barreras de todo tipo: raciales, físicas, económicas, políticas, religiosas, deportivas, legislativas, culturales, jurídicas, entre muchas otras.

Yendo de lo «superficialmente» jurídico a los «nuclearmente» jurídico-humano, en nuestros compendios legislativos existen derechos, ya de procedimiento o de fondo, que regulan las instituciones que cierta sociedad se ha propuesto para moderarse a sí misma. Estos derechos son especializados, cercanos a la misma. Por otro lado, se encuentran las garantías constitucionales. Estas garantías actúan como principios, directrices jurídicas, axiológicas, morales, éticas, base de los derechos comentados, mismos que deben formularse conforme a aquellas (lo que ahora vemos como control de constitucionalidad) no pudiendo desbordarse del «molde» que plantean. Son «las reglas generales» conforme a las cuales deben elaborarse «las reglas particulares» más concretas de la pacificación y justicia del grupo social que las entiende. Pero éstas garantías, que son génesis de aquellos derechos, no pueden ser tan propias de la sociedad a la que gobierna, sino que existen en sistemas constitucionales flexibles (neo-constitucionales) que observan la moralidad y justicia con que se confeccionan las normas (observación pragmática dirigida a alcanzar las finalidades axiológicas del derecho, repudiando el respeto a la ley solo porque sí, sino siempre y cuando se ajuste a llevar a la realidad los valores perseguidos) y en esa flexibilidad, necesariamente, compaginan con derechos nucleares de la esencia humana, vigentes per se, donde quiera que haya un ser humano, y por el solo hecho de serlo. Ahí es donde las garantías constitucionales y la sociedad a la que representan se vuelven receptoras del derecho internacional, se vuelven universales, generalizadas; no particularizadas.

Los sistemas neo-constitucionales ofrecen un paradigma favorable donde pueden florecer los derechos humanos. En ellos, es posible identificarlos con mayor nitidez, así como a las garantías constitucionales, y a los derechos especializados (técnicos; muy propios del grupo que los crea pero que no tienen una naturaleza nuclear o elementalmente humana), como si se tratara de «capas cónicas» constituidas por las prerrogativas a proteger. Cuando se interioriza en estos sistemas neo constitucionales, pareciera como cuando se parte un árbol, que nos permite ver su estructura, solo que en este caso, como dije, se trata de una forma cónica.

Para comprender la estructura, se insiste en la parábola del «cono evolutivo» de los sistemas jurídicos, donde lo abierto es lo universalmente humano, el ámbito de los derechos humanos; mientras que lo estrecho a nivel medio son las garantías constitucionales y lo más reducido, los derechos secundarios o normas especializadas; todos, idealmente acondicionados y alineados entre sí, armonizados con el contexto universal (internacional) y que ahora se traduce en el control de convencionalidad que existe en nuestro modelo mexicano. (Flujo de la explicación, de arriba hacia abajo; de lo general a lo particular)

Para entender su operatividad, conviene transformar mentalmente ese paradigma «cónico» propuesto, en un «reloj de arena», donde la parte baja son los derechos especializados que son, como los he llamado, secundarios y particularizados al grupo, y que en cierta medida, deben ser el producto de lo que sucede arriba (flujo de abajo hacia arriba); la parte estrecha, son las garantías individuales constitucionales, donde se suscita la catarsis del derecho en los modelos jurídicos contemporáneos (incluido el mexicano), el sitio en donde el derecho «local» comulga con el federal y se expande al internacional, a partir de la Constitución. En ese modelo de «reloj de arena», finalmente viene otro espacio abierto nuevamente, en el que se sitúan los derechos humanos; un espacio universal, genérico.

Los derechos humanos son tan esenciales, que son difíciles de distinguir, en parte, porque se corre el riesgo de etiquetar y con ello, limitar lo que es «ser humano». No se puede utilizar un lenguaje tajante en esta materia. Esto se parece al movimiento circular que puede hacer en el aire un insecto, y que con ese movimiento nos hace ver en el centro un círculo, que en realidad no existe. Así se debe hablar cuando los seres humanos, hablamos de los seres humanos.

Ya se dijo que los derechos humanos se vinculan estrechamente con la igualdad, la dignidad y la libertad. Estas características abonan a lo que en general configura lo que llamo la cualidad de «compatibilidad» que tienen estos derechos con el concepto de «decoro» o «vida decorosa» muy intrínseco a la dignidad. En las características de «humanidad», la libertad, se traduce en la capacidad que tiene una persona para «elegir» (primer presupuesto de la libertad, antes de incurrir en la acción), concienzudamente (a partir de la razón e información), lo que hará de su propia vida, siempre y cuando, no afecte la capacidad de elegir de otra. La igualdad, por su lado, que exige comprender que lo que vale para uno, vale para otro (identificación con el prójimo) por el hecho de ser humano (circunstancia fundamental) y cuando se encuentre en una situación igual o similar (circunstancia accesoria) a sus congéneres. Y por último, la dignidad, que amerita entender que a toda persona corresponden circunstancias mínimas de respeto, consideración y cuidado, en todos sus ámbitos, que hacen que su vida sea «decorosa».

Es cierto que cada sujeto, concibe en lo particular lo que para él es «decoroso»; en este sentido el «decoro», ligado a la dignidad, tiene un lado subjetivo, pero por otro, tiene un hemisferio objetivo, al tener que ser compatible ese concepto individual, con los valores y los bienes que permite a un ser humano, no solo vivir, sino hacerlo dignamente, lo que se identifica con el poder (potencialidad de) desarrollarse en el progreso (desarrollo de talentos, habilidades y virtudes), pues todo esto permite reconocernos en un marco común de necesidades y gustos que nos identifican (sin limitarnos ni etiquetarnos) y que nos revela merecedores de bienes por nuestra condición humana, al margen de las excentricidades que a cada cual nos caracterizan. En este tenor, los derechos humanos son un equilibrio entre lo interno y lo externo del individuo, como si éste fuera un recipiente abierto hundido en un estanque, en donde el agua son los derechos humanos, es decir, «prerrogativas que lo invaden todo».

Pongamos un ejemplo: la materia fiscal, tiene un contenido muy patrimonial que deviene, en México, de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: «Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: …Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.» Pues bien, he aquí que tenemos que las aportaciones de los mexicanos para el gasto público debe ser proporcional y equitativo. Supongamos ahora que dos sujetos se encuentran en la misma hipótesis de las normas fiscales, y uno es tratado de manera más severa por las autoridades. Evidentemente esto supondría una afectación a la garantía constitucional de igualdad que consagra nuestra máxima misiva legal, desde su artículo 1° y en materia tributaria, en el estudiado numeral. Se trata de una garantía constitucional porque se encuentra en la Constitución. Y claro, que se encuentra en la Constitución debido a que los seres humanos advertimos que dentro de una contexto económico, parte de nuestros entornos sociales, merecemos igualdad de trato.

Ahora bien, en el esquema antes propuesto de «reloj de arena», las leyes especializadas o técnicas que se encuentran al fondo del mismo, deben ajustarse a la parte más estrecha de éste, donde se desenvuelven las garantías constitucionales, de manera que esta parte baja del reloj, debe compaginar con la parte estrecha, es decir, las leyes especializadas con lo prevenido en la Constitución. Todo es importante, pero en un primer plano, los argumentos que podrían constituir la defensa de la persona que es tratada desigualmente, deben versar conforme a las leyes especializadas y a lo constitucional.

Afirmo que lo que es netamente fiscal, no es en sí mismo un derecho humano, porque la materia tributaria nace de la necesidad de aportación y administración para el grupo del que se forma parte, pero el patrimonio, no constituye propiamente parte de la esencia humana, sino que es una especie de facilitador del progreso material del ser humano. Por supuesto que, desde el punto de vista del derecho es ya explorado que el patrimonio forma parte de los rasgos básicos de las personas, en virtud de que no se puede concebir a alguien que carezca de todo, o lo que es lo mismo, que no posea algo, que se pueda aquilatar en dinero, siendo valorable para muchos, doctrinalmente, incluso, la fuerza de trabajo, como una potencialidad convertible a dinero y generadora de patrimonio; sin embargo, el patrimonio lo digo, es más bien un catalizador para llevar a la realidad social lo que el ser humano es capaz de hacer, siempre entendido dentro de un sistema económico definido en donde el dinero, tenga un verdadero valor sustentado en riquezas naturales y demás, pero no es algo esencialmente humano, que ayude a definir lo que es «ser humano», no es algo que esté «en» él, sino que está «alrededor» de él. Digamos que lo patrimonial, es una influencia que va y que viene desde y hacia el ser humano, pero no es él, sino que se deriva de la necesidad de «organización» que en todo caso, depende del modelo económico que cierta sociedad haya adoptado, de las muchas formas de organización económica que se pueden adoptar.

En base a lo anterior, y volviendo al ejemplo, la desigualdad que se suscita en materia fiscal puede verse bajo los esquemas de las leyes especializadas que acaecen al asunto, en donde el alegato puede ser más técnico por cuanto utilizar los mismos argumentos que las propias leyes proporcionan, verbigracia, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, etc., siempre dentro del perímetro de lo Constitucional. Hasta aquí se podría alegar que la Constitución habla de la proporcionalidad y equidad y que las leyes especiales, contrario a lo que resolviera la autoridad fiscal, dicen determinada cosa que hacen viable jurídicamente que el trato de la persona en desventaja, sea equilibrado, respecto a los demás que se encuentran en su misma situación. En este sentido, si fuéramos el contribuyente o su representante, invocaríamos preceptos, sistematizaríamos las leyes, transcribiríamos artículos, ofreceríamos pruebas que abonaran a demostrar que nos encontramos en un supuesto legal que permite reducir el rigorismo con que se es tratado, entre otras acciones.

Pero luego, si lo queremos volver un asunto de derechos humanos a partir de las garantías constitucionales, es decir, trabajando en la parte superior del «reloj de arena», diríamos nuevamente que el trato proporcional y equitativo que marca la Constitución se traduce en un agravio a nuestros derechos humanos por cuanto ve a la igualdad entre las personas, pero no una igualdad estrictamente fiscal, sino tendríamos que ir al génesis de la necesidad de esa igualdad, porque al final, no solo se trata de dinero, de dólares o pesos y centavos, sino que esa entrega patrimonial que son los impuestos, representa el producto de nuestro trabajo y la afectación a nuestras perspectivas, es decir, a procurarnos nuestro bienestar y más allá, nuestra felicidad, partiendo de las garantías de los artículos 1° y 5° de la Constitución. Así, podríamos seguir diciendo que de no tratarse equitativamente a la persona en cuestión, transgrediríamos su derecho a proporcionarse los satisfactores necesarios para configurarse una vida digna y la de su familia, así como se le podría llevar a la quiebra u obstaculizar su realización como persona mediante la actividad lícita que más le place. Hablaríamos de su derecho a la vida digna y a la salud, a través del sustento suficiente; de la felicidad y la realización a través del trabajo; de la igualdad de trato y de aspectos similares. Es decir, podríamos trabajar mediante dos paradigmas, uno positivista, especializado, utilizando las herramientas que las leyes dotan, en la parte media baja del «reloj de arena»; y otro, más holístico, avistando las repercusiones en la esencia humana que cierta contingencia puede tener, trabajando en la parte media alta de ese reloj.

Ahora bien, radicalizando, supongamos que ese trato desigual además tiene un origen sustentado en alguno de los factores del artículo 1° de la Carta Magna, entonces, podríamos entrar a un tema de discriminación y no solo fiscal. Por otro lado, supongamos que ese trato desigual fiscal se suscita en una persona jurídica, en una sociedad anónima mercantil; entonces a ésta tendríamos que defenderla desde las garantías constitucionales hacia las leyes especializadas, en la parte media baja del «reloj de arena», en tanto que a sus miembros, como socios y personas físicas, podríamos representarlos mediante alegatos que partan de lo constitucional hacia los derechos humanos, es decir, trabajando en la parte media alta de éste.

¿En dónde estriba lo relevante de identificar los derechos humanos, las garantías constitucionales y las leyes especializadas? pues en la identificación y eficacia del argumento que vamos a utilizar, así como del matiz que le vamos a dar, de donde depende que abordemos los temas de manera precisa y suficiente.

Empero, los derechos humanos no pueden ser absolutos ni ilimitados. Su campo de acción se encuentra en la persona que goza y debe gozar de ellos. En este sentido, los límites solo pueden venir dados por los derechos humanos de otra persona o de otras personas, lo que a la postre, se vuelca en la disyuntiva del interés individual y el interés colectivo o social.

¿Qué pesa más, el interés individual o el colectivo? Es notorio que los derechos humanos no pueden descansar en argumentos de cantidad o cuantitativos. Pero, si los derechos de un ser humano «valen» lo mismo que el de otro, incluso, cuando «ese otro» se multiplica configurando, a partir de varias individualidades, un grupo, ¿qué se hace cuando el derecho de uno se enfrenta al derecho de muchos? Lo lógico e inevitable, es que el de la colectividad supere al individual, siempre que no haya otra alternativa. Esta inexistencia de alternativas viables es, a mi parecer, un presupuesto de justificación para formular «criterios de preferencia» en materia de derechos humanos, cuando se presenta la disyuntiva, entre derechos colectivos e individuales. Otro criterio es el de proporcionalidad, es decir, que el beneficio que alcance la colectividad debe ser suficientemente amplio que justifique preferirlo sobre el individual, significando una ventaja máxima, misma que si es posible, debe incluir al sujeto que se ve limitado en sus intereses, pero al mismo tiempo, debe suceder que para éste, no signifique un gravamen tan severo que llegue a nulificar sus derechos. Otro criterio, es el de razonabilidad, que se traduce en que el beneficio de la colectividad, sea suficientemente razonable, esto es, verdaderamente necesario y útil, para justificar la preferencia, de manera que no se trate de un beneficio de «ornato». Otro, lo es el de «no maniobrabilidad», que se traduce en que el beneficio que vaya a alcanzar la colectividad, sea innato a lo que la esencia humana demanda, y no derechos que pueden, a partir de la actividad legislativa, ser derogados o modificados, y con ello, disuelta la necesidad de preferir el interés colectivo del individual; dicho de otra manera, que se trate de derechos indiscutiblemente humanos, los que se van a preferir, y no derechos que pueden ser sujetos de maniobrabilidad legislativa, para solventar cualquier disyuntiva que se tenga al respecto, pues, si se trata de derechos maniobrables legislativamente, entonces, podría preferirse trastocar la ley, antes que afectar los derechos humanos del individuo o de la colectividad.  Otro criterio es el de «escrutinio cualitativo» consistente en corroborar que el derecho discutido sea verdaderamente de los que afectan a la esencia humana.

Pero abordemos los derechos humanos, desde una perspectiva más técnica, más jurídica, pues hasta ahora se han abordado como naturales e innatos a la condición humana. ¿Cuál es el efecto del derecho en los derechos humanos? Su oficialización y formalización, su defensa a través de procedimientos bien estructurados para que en el camino a su protección no se vulneren otros, «la realización de senderos jurídicos» hacia ellos, así como el insumo de argumentos y posturas que abonan a su identificación y defensa en el contexto jurídico de que se trate. Su tropicalización con el grupo que los vive. Su extensión hacia lo legislativo, que produce su oficialización. Su reconocimiento formal que más que jurídico, es una declaración social hacia ellos. Su culturización. Su difusión. Su postulación como directriz jurídica.

Por ahora, la contemplación de los derechos humanos dentro de los sistemas formales del derecho, aun desde el esquema del propio derecho internacional y desde la Constitución pienso yo, solo da lugar a moldear los argumentos con que se aborda cierto tema, desde ellos y hacia los demás fenómenos jurídicos, lo que les inviste de un espíritu limitadamente teórico, aunque nada deleznable, pero falto, desde mi punto de vista, de una apetitosa materialización jurídico-práctica. He aquí posiblemente el lugar de la ahora llamada justicia restaurativa. Hace falta en términos generales un «régimen» jurídico, sociológico y cultural en donde los derechos humanos se hagan valer en un campo muy suyo, más apartado de las demás controversias jurídicas. ¿Por qué su importancia? Porque cuando ha lugar a proteger los derechos humanos, ante su violación, se trata de un asunto en donde un ser humano está siendo transgredido en lo más esencial de su «ser individual y social». Además, considero que las violaciones a los derechos humanos son altamente «contagiosas», por «sociabilizables y culturizables». Curiosamente, las posturas de desigualdad y discriminación se esparcen entre los grupos humanos, dividiéndolos, paradójicamente, por nuestra inclinación a identificarnos con uno o varios gremios en particular, a los que observamos «miopemente» como «iguales», olvidando que ya pertenecemos a uno, al humano; como si nos resistiéramos a la  homologación, a la igualdad entre personas, como si necesitáramos, a la manera de un adicto, de la diferenciación, de la desigualdad, del caos. Incomprensiblemente nuestra necesidad de «pertenecer» a un grupo, nos separa del que ya pertenecemos.

Me parece necesario, un régimen especial dentro de los sistemas jurídicos, en donde se puedan identificar y proteger los derechos humanos, uno en donde se consideren «tema sensible» y por consecuencia se ventilen apartada o prioritariamente de los demás derechos a partir de una institución autónoma o de un compendio legislativo separado (no a la manera de un ermitaño) del resto, fuera de rigorismos en cuanto a vías y jurisdicciones, de competencias y materias, de procedimiento, de prescripciones y preclusiones. Un lugar donde se puedan tratar estos temas de manera verdaderamente «especial» por esmero, por eficacia y por rapidez. Así las cosas, imaginemos cierta contingencia legal, que trae aparejada una cuestión de derechos humanos. Pues bien, esta cuestión merecería un trato preferencial, urgente, sobre los demás aspectos de esa contingencia, mandando llamar lo más pronto posible a las partes, de manera informal, prescindiendo de protocolos legales, encarándolos, en un plano de igualdad, facilitando su comunicación, haciéndolos externar, concientizándolos de lo que sucede en el otro; restaurándolos. He aquí que en la justicia «restaurativa» ya viene conformando un nuevo paradigma jurídico que me parece apropiado a los derechos humanos.

Sin embargo, se me antoja ser radical, no sé si como propuesta, como algo que debería suceder, o  como vaticinio, como algo que va a suceder, pero creo que la justicia restaurativa, al hiperbolizarla, puede dar para hablar de una especie de «escolástica», en el plano del humanismo, en donde los discursos hablarían del amor, de la caridad, de la sabiduría, de piedad, de la fe, de la esperanza, de la paz, de la felicidad; en una palabra de espiritualidad. ¿Cómo hablar de todo ello, en un contexto jurídico y laico? Parecería un espacio jurídico a la manera de Miguel Ángel Buonarrotti, y su «toque divino». Nunca me atrevería a decir que lo jurídico y la teología se tocan, ni tampoco que más que nunca la espiritualidad o el dogma se toma de la mano con el ius, porque ya en otras épocas, obscuras por cierto, lo hizo, pero, puede tratarse de un nuevo «renacimiento», un nuevo humanismo, un renacer caracterizado a partir de los matices jurídicos y legislativos, aunque no por ello menos cultural, menos científico o menos artístico. Podría ser que nos encontráramos en vísperas de una nueva ley y un nuevo sistema jurídico que cambiaría su frialdad por cercanía, preguntando a los involucrados: «¿cómo te sientes con esto?» Este mundo divino; terrenal, pero divino, se determina por la ausencia de «violencia», que es a mi parecer, el indicador más cristalino de un entorno en donde los derechos humanos y toda la axiología jurídica, no se está llevando a cabo, pero también y como antípoda de la violencia, se caracteriza por la «confianza» entre las personas y el repudio a toda «traición y engaño» como indicador de que sí se están llevando a cabo. La traición es, desde el vicio, lo que identifica al hombre. Cuando la violencia y la traición se reduzcan al mínimo, estaremos en la antesala del paraíso, pues considero a una verdadera civilización, a partir de una sociedad con sistemas jurídicos bien difundidos y asimilados, es decir, culturizados, donde el ciudadano es consciente de su orden moral y legal, y se identifica con él; le queda, le checa, está de acuerdo en mayor o menor medida con éste; y ese orden moral y jurídico, lo que más aborrece, es la violencia y la traición.

Con esta trayectoria, en el plano de la conducta y del universo punitivo, a partir de ese repudio a la violencia, se puede imaginar un mundo sin crimen y sin criminales. El crimen, se controla, pero no se suprime; de hecho, en cierto sentido y como una tragedia si no necesaria, inevitable, puede irrogar los elementos del autoconocimiento humano. Los claroscuros de la humanidad. Ahí, en ese lugar, el siervo y el león conviven. ¿Es eso posible?¿Un mundo sin criminales? ¿Cómo suprimir el crimen? ¿Inhibiendo a través del castigo? Eso es una fórmula fallida. ¿Incentivando la buena conducta? Eso es corromper la virtud. Tal vez, a través del cóncavo y convexo. Que las partes se moldeen; que el victimario sea recriminado en la medida de la víctima y por ella misma. Que se concienticen; que cada uno vea las heridas y las cicatrices del otro. Que cada cual sienta su dolor, buscando el verdadero «arrepentimiento». ¿Cómo logarlo, pensándolo como una meta moral y jurídica? La idea es meterse en la mente y por qué no, en el corazón del criminal y buscar sus «por qué» y sus «para qué». ¿Qué siente, qué piensa, hacia dónde llevan esos sentimientos y esos pensamientos? ¿Cuál es la conjugación de factores? ¿Dónde nacen las perversiones y las depravaciones? Parte de su respuesta, quiero ofrecer, creo que se encuentra en lo que entendemos por «éxito y fracaso». Debemos plantearnos nuevamente los «límites», porque sí los hay y sí debe haberlos; esa línea a partir de la cual, el sujeto no tiene el control de «sí mismo», a partir de la cual se está en un lugar desconocido; perdido, «rebasado» por uno mismo. Cuando se dice que «…no hay límites», quiero pensar que se menciona en el ámbito de lo «mejor» y del progreso, en aras de la realización, dentro de la concordia, en el «prohibido prohibir para imaginar y anhelar». En ese sentido, puede ser que no haya y no deba haber límites. Pero si se trata de los límites al comportamiento, sí debe haberlos. Los límites evitan la disipación. Contienen. Un mundo sin límites de comportamiento es el caos. Debemos replantear los cánones de lo correcto; de lo moral; de lo bello; de lo bueno; de lo valioso; de lo conveniente, es decir, lo que comprendemos por éxito y fracaso.

Alguna vez hablaban de personas exitosas y emprendedoras que habían logrado fundar alguna empresa o un proyecto útil y creativo; que se habían auto empleado y que eran fuente de empleo para muchas otras, las cuales, al parecer y a observación del autor de cierto libro, se forjaban generalmente a partir del cúmulo de fracasos recolectados en sus intentos de algo. Pero no solo eso, sino que eran personas cuyos factores los hacían tolerantes y buenos asimiladores de lo que otros identificarían como «fracaso» respondiendo con perseverancia y con una «creatividad renovada». Pues bien, me parece que necesitamos eso: cambiar paradigmas, redefinir nuestros conceptos, con el único propósito de transformar nuestras ambiciones, nuestras apetencias. En nuestras ambiciones se encuentra el génesis de nuestros vicios, de nuestras perversiones, de nuestras depravaciones y de toda clase de deseos, anhelos e intereses torcidos que son intereses desbordados, sin límites, por los que aparentemente estamos dispuestos a «pagar todos los precios».

No estamos por lograr ni siquiera someramente ese mundo ideal sin crimen y sin traiciones; pero, lo jurídico va en su busca, y eso, es mucho. Hay que aproximarnos, porque no creo posible su realización total. En este mundo ideal, destaca el universo interno de los seres humanos, sus sentimientos, tomados en cuenta «para los efectos legales a que haya lugar». En él, tienen un valor. En él, vale mucho el llanto y las risas que un evento jurídico pueda provocar. A este mundo pertenecen los derechos humanos. Es éste el próximo mundo que debemos colonizar.